El tema de la educación es complejo, pero a estas alturas, algunas personas ya se han dado cuenta y apuntan lúcidamente que el problema de la educación en España no es social, como quiere hacer ver la clase política. El lenguaje, y en particular el concepto vago e impreciso de sociedad, ha sido utilizado a conveniencia de los intereses del poder, a cambio de esconder y disimular la realidad mediante una mentira. Así, en ocasiones, para eludir sus responsabilidades o justificar sus acciones, al político le conviene decir, por ejemplo, que el conjunto de la sociedad adolece de un retraso educativo histórico o de una falta de compromiso de familias y profesores Pero en otras ocasiones, manifiesta que la generación actual es la más preparada de cuantas ha habido; llegando incluso, en otro orden de ideas, a interpretar a su voluntad y conveniencia el resultado de las citas electorales, y a elogiarlas demagógicamente alegando una fantasmagórica sabiduría e infalibilidad popular.
La raíz del problema de la educación española no es social, sino que tiene su fuente en el régimen político que vivimos, y que materializa sus intenciones en las leyes educativas que padecemos. El argumento de esta afirmación es el siguiente:
El principio axiomático de que el Estado y la Sociedad Civil deben garantizar la igualdad de derechos y oportunidades, fundamentado en el hecho incontestable de que los individuos no nacen iguales en capacidades físicas o intelectuales y condiciones sociales, se traduce, entre otras cosas, en garantizar la gratuidad de la educación en todas sus etapas. Pero este derecho se ha tornado en deber, al convertir parte de la Educación Secundaria en una obligación por ley hasta los dieciséis años, extensible incluso hasta los dieciocho. Esta confusión entre derecho y deber es devastadora en la educación, pues a cambio de garantizar a toda costa una igualdad absurda por la que todo el mundo debe ser potencialmente capaz de obtener el mismo Título de Graduado en Secundaria, se ha sacrificado la libertad y la responsabilidad de los jóvenes y sus familias. O en otras palabras[1]:
"El tema, en realidad, es que la educación, en un Estado, ha de ser un derecho y no una obligación de los ciudadanos; todo lo contrario que en la familia, donde ese mismo derecho, se ha de convertir en obligación si se quiere salir adelante. Cualquier diversificación real de la enseñanza debe provenir de la libertad de elección y de la responsabilidad que ésta conlleva. La obligatoriedad sólo ha de ceñirse a la educación primaria, ciclo desde el que se iniciaría esa cadena de decisiones que conforman cualquier vida. La obligatoriedad perpetuada en el tiempo -con o sin itinerarios- no es educativa, sino creadora de ineptitud, vagancia, irresponsabilidad y mansedumbre, uniformadora de conciencias y transformadora de futuros ciudadanos en súbditos potenciales"
Es decir, el Estado debería respetar la libertad de elección de alumnos y familias en querer aprovechar o no el acceso a unos verdaderos itinerarios académicos, profesionales o comprensivos (conducentes, respectivamente, cada uno de ellos, a unos estudios universitarios, a una formación profesional de grado medio o superior y a una iniciación profesional o salida laboral temprana), salvaguardando de este modo la responsabilidad en las consecuencias que dichas elecciones personales conlleven.
Recíprocamente y complementando lo anterior, si la responsabilidad del Estado hacia el ciudadano reside en garantizar una educación gratuita, la libertad del Estado residiría en su capacidad ejecutiva de poder evaluar, independientemente de las Consejerías autonómicas, las capacidades y competencias reales desarrolladas por los alumnos.
Pero el Estado actual de partidos ha hurtado la libertad y responsabilidad en sus actos de los jóvenes y su familias . En vez de respetar la libertad de las personas, los ha transformado en individuos tutelados, pues a todos promete y hace merecedores potencialmente de las mismas aptitudes y competencias. El sistema educativo, que debería preparar de forma exigente a los jóvenes para el ejercicio de la Libertad y su control mediante la responsabilidad, queda arruinado desde un principio al plantear un mismo camino obligado. Camino obligado, que para ser sostenible, promete a todos ganadores; pues, difícilmente, las familias permitirían al Estado una educación obligatoria que para colmo negara a sus hijos el mínimo título que se despacha. En consecuencia, este Estado autoritario, no tiene ningún reparo en propiciar con toda intencionalidad en sus leyes educativas y mediante las prácticas y el control que las administraciones educativas ejercen, que se minimice el currículo para hacerlo accesible a todos. Desde la ideología de los partidos, desde el poder, se ha decidido verticalmente que el éxito educativo ya no es el fruto de la voluntad de querer ser mejor, de querer alcanzar facultades personales y sociales como la inteligencia, la creatividad, la libertad o la responsabilidad que deberían residir en la sociedad civil; sino que debe ser el certificado que a todos hace iguales. Así, la pluralidad natural de las voluntades y acciones de individuos libres que conformarían la sociedad civil deviene en una diversidad homogénea y unificada artificialmente por el Estado.
La reducción artificiosa del fracaso educativo mediante indignos planes de refuerzos educativos o convocatorias extraordinarias en junio, por ejemplo, denuncian lo evidente:
- La voluntad expresa de las administraciones, y en particular la extremeña, en reducir a cualquier precio el fracaso educativo.
- El rechazo de cualquier tipo de evaluación independiente, efectiva o vinculante que escape al control de la administración.
- Pero sobre todo, la mala fe de la clase política que no cree, ni es fiel a sus propios principios educativos,que demagógicamente presenta actualmente en forma de idílicas y revolucionarias competencias básicas. Y que no tendrá ningún reparo en traicionar y sacrificar, para imponer ejecutivamente y al margen del sentir de los claustros, cualquier medida que esconda el fracaso educativo.
El fin justifica los medios como suele decirse. Lo que verdaderamente importa es maquillar las estadísticas y cumplir urgentemente, como sea, los principales objetivos y criterios de referencia marcados por el Consejo europeo de Lisboa para el 2010: lograr que la tasa de fracaso escolar en la secundaria obligatoria sea inferior a un 10% y elevar al 85% la tasa de jóvenes que concluyan los estudios de enseñanza secundaria superior.
A cambio, todas estas medidas educativas, la impostura del sistema educativo mismo, son justificadas y defendidas demagógicamente como un avance progresista resultado de la búsqueda de la igualdad de oportunidades y derechos. Cualquier crítica razonada al sistema quedará automáticamente desacreditada colgándole la mala imagen de lo reaccionario, y llegará incluso si es necesario a concitar la unión y el consenso de los partidos políticos y el silencio cómplice de los sindicatos, en el caso de que dicha crítica los pusiera en evidencia y fuera lo suficientemente amenazadora.
A estas alturas, evidentemente, el fracaso escolar que las administraciones educativas intentan ocultar a toda costa, no puede ser ya la consecuencia del retraso educativo histórico de la sociedad, sino el síntoma del colapso de un sistema educativo perverso y agonizante en el que alumnos, familias y profesores no encuentran ninguna motivación natural intrínseca para mantener con vida; salvo la artificial tutela, comodidad y oportunismo que el propio sistema ofrece a cambio de nuestra propia servidumbre al Estado[2].
Esta confusión, consistente en concebir el problema educativo ysus posibles soluciones desde una perspectiva social, al margen decualquier análisis político del control del poder y su influencia en los sistemas educativos, no surge evidentemente de la ignorancia o negligencia de la clase política, sino de una oculta intencionalidad política que persigue controlar a la sociedad civil y disimular la falsedad de las instituciones de esta régimen político, fuente originaria de los problemas políticos y educativos de España.
Ningún partido político, ningún sindicato, afrontará un análisis profundo del sistema educativo, pues se saben autores del problema. Los técnicos educativos saben bien que ninguna de las reformas y leyes educativas (LOGSE, LOCE y LOE) aprobadas por los distintos gobiernos manifiestan diferencias profundas y sustanciales en la concepción del sistema, sus diferencias son solo superficiales. En el fondo, las discrepancias que aparentan los partidos políticos respecto a la educación o las propuestas que defienden en las citas electorales se circunscriben dentro de los límites marcados por un tácito consenso entre ellos. Los partidos políticos simulan y transmiten unas divergencias de cara a la galería que en el fondo no son tales. La educación para los partidos y sindicatos nunca será un bien a alcanzar, sino un instrumento para perpetuar este régimen político que los alimenta como órganos estatales que son. Partidos políticos y sindicatos son los principales agentes de cualquier negociación en las instituciones escolares. Los partidos políticos jamás admitirán a ningún interlocutor ajeno a su control, los sindicatos tampoco tolerarían ningún interlocutor independiente surgido de la sociedad civil.
Por ello, cualquier reflexión y acción educativa que no parta de la sociedad civil y afronte un análisis político del problema estará abocada al fracaso.
[1]Léase este artículo y otros relacionados del blog de Aquiles. [continuar]
[2]La tutela que practica el Estado hacia los jóvenes se extiende más allá del contexto educativo. Por ejemplo,el pasado mes de abril se aprobó por parte de la Junta de Extremadura el decreto que regula las ayudas para la obtención del carnet de conducir para los jóvenes de 18 a 21 años, dando cumpliendo así a una promesa electoral realizada por el actual presidente autonómico Guillermo Fernández Vara durante las elecciones autonómicas del 2007. Según esta, aquellos que no hayan cometido sanciones que acarreen la perdida de puntos trascurridos dos años desde la obtención del carnet, podrán acceder a parte de las ayudas económicas (cien euros). Esta medida tiene como finalidad entre otras, según la Junta de Extremadura, ''mejorar la Seguridad Vial en las carreteras mediante la asunción de un COMPROMISO por parte de los jóvenes que aspiren a la ayuda autonómica, de respetar las normas de circulación y conducir con responsabilidad'', supone ''un incentivo para que los jóvenes cumplan su compromiso de mantener una actitud responsable y cumplir las normas de circulación''.
Con esta política los jóvenes aprenden inconscientemente, que el valor social de la responsabilidad ya no es patrimonio de la sociedad civil. Deja de ser un imperativo moral exclusivo de las conciencias y pasa a ser un valor exigido por el Estado a cambio de una subvención. Los jóvenes asimilan que los deberes cívicos ya no son virtudes éticas inherentes al ciudadano libre sino que son valores negociables en un contrato con el Estado. [continuar]
